Lograr una vida digna para todas las personas requiere la promoción de un desarrollo inclusivo y la garantía de sus derechos durante toda la vida. Esto implica esfuerzos integrales dirigidos hacia el individuo desde sus primeros años, considerando su entorno familiar y social, motivo por el cual nuestra Constitución establece que el Estado es garante de los derechos, atención prioritaria y especializada en todo el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritarios (Art. 35). En relación a los cuidados, el artículo 333 de la Constitución reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. De igual forma, establece que el Estado proveerá servicios de cuidado infantil, atención a personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas que trabajan puedan desempeñar sus actividades laborales y, adicionalmente, promueve la reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y las obligaciones familiares. Esto constituye un avance importante en términos del reconocimiento de la corresponsabilidad y el compromiso existente entre el Estado y las personas que realizan tareas de cuidado en el hogar.