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Autores/as: Melissa Sánchez ,
Desde la declaratoria del estado de emergencia nacional debido al COVID-19 en marzo de 2020, el sector educación ha producido gran variedad de normas en un intento de adaptar la manera en la que se prestan los servicios educativos a las nuevas disposiciones sanitarias. Ante esta situación, los reclamos de las organizaciones indígenas no se hicieron esperar, a través de comunicados en los que instaban a los gobiernos regionales a un mayor involucramiento en la política sectorial de EIB, así como a una mayor participación y espacios de fiscalización por parte de los pueblos indígenas en los procesos de elección de docentes de EIB. Asimismo, han recuperado protagonismo algunas demandas anteriores a la pandemia, como la inclusión de maestros de EIB que no cuenten con un título profesional pero que pertenezcan a pueblos indígenas, lo que ayudaría a superar la brecha de docentes de EIB existente a la fecha.
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